El Poder Judicial investiga a Alaya por el 'caso Betis'

Redacción 19/12/2014

El nombramiento de Francisco Estepa como administrador de judicial del Betis podría provocar algún que otro quebradero a la jueza Mercedes Alaya. Según una información de El País, el Consejo General del Poder Judicial ha abierto una investigación a raíz de una queja presentada por Manuel Ruiz de Lopera, que censura la discrecionalidad del nombramiento de Francisco Estepa.

Estepa y el marido de Alaya, Jorge Castro, mantienen relación profesional. Ambos son máximos responsables en Andalucía de la empresa auditora BDO, son administradores concursales y coincidieron en el concurso de acreedores de Laboratorios Pérez Giménez, empresa asentada en Córdoba. Ante dicha queja de Lopera, la jueza se manifestó mediante un auto el pasado 23 de octubre y calificó que la conexión entre su marido y el abogado cordobés estaba fundamentada en “bulos periodísticos”.

Estepa y Castro mantuvieron una relación de abogado-cliente tras una querella que se presentó contra ellos por la gestión que hicieron en la empresa cordobesa. Estepa fue el abogado de Castro en el procedimiento que se abrió por esta querella, que finalmente fue archivada.

Además, Castro y Estepa comparten despacho profesional en Sevilla, según consta en el Boletín Oficial del Estado del pasado 25 de junio. Estepa tiene su despacho en Sevilla en la sede de BDO dirigida por Castro. Comparten el número de fax, aunque el teléfono que facilita Estepa como contacto es de Córdoba. Castro argumenta al respecto que prestar sus oficinas al letrado "es una práctica habitual entre abogados a efectos de notificaciones". El auditor admite que departe con él cada 15 días sobre Pérez Giménez y que del Betis hablan "cero, porque sabe que soy bético y a mí me duele el Betis”.

Fuentes del Consejo del Poder Judicial señalaron que el promotor de la acción disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha solicitado a Alaya un informe sobre la designación de Estepa. Tras recibir el informe, el instructor decidirá si archiva la información previa o abre expediente, que sería elevado a la comisión disciplinaria del Poder Judicial.