Más presión para Del Nido

El Ayuntamiento de Marbella pide a la Fiscalía que investigue cuántas acciones del Sevilla tiene el expresidente

Redacción 06/06/2015

El Ayuntamiento de Marbella y la Fiscalía de Málaga siguen apretando a Del Nido. Ahora han pedido que el abogado sevillano pague ya la indemnización a la que fue condenado por el 'caso Minutas', según informó Diario Sur. Es más, se oponen rotundamente a que la Audiencia Provincial le conceda el fraccionamiento del pago, opción perfectamente posible en el caso de que el condenado no tenga patrimonio suficiente para satisfacer las responsabilidades pecuniarias. No es éste el caso de Del Nido, pues argumenta la Fiscalía que en febrero del año pasado el propio Del Nido desmintió, antes de entrar en la cárcel, que no tuviera patrimonio para saldar la deuda. Atendiendo a su argumento, se le pide que pague ya y que en el caso de que no lo haga no se le concedan beneficios penitenciarios. Del Nido fue condenado a abonar al Ayuntamiento marbellí 2.786.607 euros, de los que aún le restan por pagar 1.266.607. Antes de entrar en la cárcel sí fue abonando cantidades. Desde su ingreso en prisión se ha frenado el ritmo pagador.

Pero es que el consistorio ha dado un paso más. Del Nido forma parte de numerosas sociedades. Entre ellas, es accionista relevante del Sevilla FC. Y ha puesto sus ojos en las acciones del Sevilla como garantía material, de ahí que haya pedido al tribunal que solicite un informe a la Agencia Tributaria sobre su patrimonio, y que se dirija al Sevilla FC para que le comunique "si José María del Nido ha sido y es titular de acciones del club, señalando las fechas y la persona a la que ha transferido dichas acciones".

José María del Nido cumple en la actualidad siete años de cárcel en Huelva por el 'caso Minutas'. Lleva un año en prisión. En septiembre será juzgado por el 'caso Fergocon' en la Audiencia Provincial de Málaga por presunto desvío y obtención ilegítima de dinero público del Ayuntamiento de Marbella mediante la adjudicación de obras y servicios sin seguir los procedimientos administrativos legales. Se enfrenta a once años de cárcel, mientras que para sus hermanos Juan José y Óscar, la pena solicitada es de diez.