Luis Rubiales, en libertad tras ser detenido

Redacción 03/04/2024

Luis Rubiales ya está en Madrid. Investigado por presuntos delitos de corrupción por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda, tenía previsto regresar al país el próximo sábado, si bien finalmente ha decidido adelantar su vuelta a España. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol ha aterrizado en Barajas a las 11:00 h, procedente de la República Dominicana. El motrileño abandonó al aeropuerto en una furgoneta a pie de pista de la UCO. Según la SER, se lo llevaron detenido a la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos. Ha sido puesto en libertad a la espera de la citación judicial después de que le hayan notificado su imputación.

Hay que recordar que este lunes la UCO, acompañada por miembros de las Fuerzas de Seguridad y del Estado de República Dominicana, llevaron a cabo un registro, bajo orden judicial de la magistrada Delia Rodrigo, en el alojamiento del exdirigente en el país caribeño. Allí requisaron una tablet, un móvil y confiscaron 318.000 euros que pertenecían a Francisco Javier Martín Alcaide, más conocido como Nené, amigo íntimo de Rubiales y que estaba con él en Punta Cana.

Rubiales está siendo investigado en el marco de la Operación Brody por participar en una supuesta trama de desvío de fondos a través de adjudicaciones de obras de la Federación durante su mandato a la empresa Gruconsa, de la que es titular su amigo y socio el exfutbolista Nené, a través de la cual presuntamente se habrían lucrado ambos. La operación estalló el pasado 20 de marzo con registros en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, despachos profesionales, empresas adjudicatarias y los domicilios de Rubiales y Nené en Granada.

La jueza, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, ha bloqueado más de medio centenar de cuentas bancarias a diversos investigados, algunas del expresidente federativo, a quien ha embargado un Mercedes. Ha accedido al bloqueo de estos productos financieros a petición de la Guardia Civil y con el objetivo de "garantizar las posibles" responsabilidades económicas derivadas de los delitos que se imputan a los investigados, como administración desleal o corrupción en los negocios.